La Asociación de Fiscales Independientes (APIF) ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo en contra de la decisión del Gobierno de renovar a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado en diciembre pasado. APIF considera que su nombramiento no es adecuado para el cargo y contradice la ley.
Según APIF, García Ortiz no cumple, según la Constitución, las funciones asignadas para el puesto, incluyendo el liderazgo de todos los fiscales de España. Esto se basa en sus acciones desde que fue elegido para el cargo en 2022. La asociación menciona la anulación de nombramientos de Fiscales de Sala debido a un abuso de poder, como en el caso de Dolores Delgado García, su predecesora en el cargo. También destaca que después de ser renovado como fiscal general por el Gobierno, decidió impedir que el Consejo Fiscal pudiera hacer un informe solicitado por el Senado sobre la propuesta de ley de amnistía.
APIF enfatiza que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el candidato a fiscal general debe ser un jurista de reconocido prestigio, un requisito que, según la asociación, no se cumple en el caso de García Ortiz debido a su condena por el Tribunal Supremo por abuso de poder y uso incorrecto de sus facultades.
APIF destaca que la Fiscalía es una institución fundamental dentro del Poder Judicial y no puede ser controlada por el Gobierno a través del nombramiento del fiscal general, que es el máximo representante del Ministerio Público. También menciona que coincide con el Consejo General del Poder Judicial en considerar que García Ortiz no es adecuado para el cargo.
