La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial busca ampliar nuevamente el plazo para el informe sobre la ley de amnistía
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido solicitar a la Mesa del Senado una “nueva prórroga” de 15 días, desde el 14 de febrero de 2024, para la elaboración del informe sobre la proposición de ley de amnistía, según informó el órgano de gobierno de los jueces.
Anteriormente, el 11 de enero, el CGPJ ya había pedido una primera prórroga de 15 días, a partir del 24 de enero, para la elaboración del informe. Se espera que el Consejo emita su opinión a petición expresa del Senado, ya que en diciembre pasado, el Senado, donde el partido político PP tiene mayoría absoluta, solicitó informes tanto al CGPJ como al Consejo Fiscal.
Es importante tener en cuenta que, en este caso, al tratarse de una proposición de ley, no es obligatorio solicitar la opinión de los órganos consultivos. Solo en el caso de que fuera un proyecto de ley habría sido necesario obtenerlo.
La Comisión Permanente evaluó la solicitud en su momento y aceptó emitir el informe, designando a la vocal de tendencia progresista Mar Cabrejas y al vocal conservador Wenceslao Olea como encargados de dicho informe.
La ley de amnistía supondría la abolición del Estado de Derecho
El 6 de noviembre pasado, el CGPJ emitió por primera vez su opinión sobre la ley de amnistía que en ese momento el partido político PSOE estaba negociando con Junts y ERC para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Lo hizo a través de una declaración institucional aprobada por su Pleno, donde advertía que, de aprobarse una ley en ese sentido, significaría la “abolición” del Estado de Derecho.
En ese momento, aún no se conocía el contenido preciso de la futura ley de amnistía, lo cual generó divisiones internas entre los bloques conservador y progresista del CGPJ. Después de que se anunciara el acuerdo entre el PSOE y Junts, la Comisión Permanente se reunió de manera urgente para expresar su oposición frontal a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de presunto ‘lawfare’ y anticipó que actuaría dentro de los marcos legales establecidos si se llevaban a cabo.
Una vez registrada la proposición de ley en el Congreso de los Diputados, la Comisión Permanente volvió a reunirse el 5 de diciembre pasado, a petición de los vocales conservadores, quienes pretendían que el órgano ejecutivo rechazara expresamente las declaraciones de Sánchez y del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el ‘lawfare’.
Sin embargo, la Comisión Permanente se limitó a ratificar su declaración inicial respecto a las comisiones de investigación parlamentarias, advirtiendo que se mantendría “vigilante”, lo cual los vocales conservadores consideraron insuficiente.
